Lo que pasa en el Puente Aéreo... ¿se queda en el Puente Aéreo?

Las Vegas o México. Sitios lo suficientemente atractivos como para que lo que pase allí… se quede allí. Se supone que ‘affaires’ inconfesables. Más o menos parecido a lo que pasa con algunos ilustres usuarios del Puente Aéreo nacional. Como publicaba el jueves pasado este diario, grandes empresarios catalanes se han movilizado para que la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, encabezada por Manuel Marchena, sea al menos consciente de que una sentencia suave a los políticos catalanes encausados por el ‘procés’ ayudaría a canalizar una solución política para las demandas de una parte de la población de Cataluña. Todo ‘sotto voce’, todo entre bambalinas, todo sin dejar rastro. A fin de cuentas, ¿quién desea que una sentencia dura por rebelión acabe provocando una movilización ciudadana o desórdenes públicos? ¿No debe ser el final del camino una convocatoria electoral y, si no hay más remedio -¡qué se va a hacer!-, alguna fórmula de consulta pública o referéndum?

Ironías aparte, la reflexión de esos empresarios no es muy diferente de lo que subyace al lamentable episodio de la Cámara de Comercio Barcelona, tomada por la candidatura impulsada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Entre las preguntas que el organismo prevé plantear a sus asociados, según aseguró Joan Canadell cuando todavía era candidato a la presidencia, está saber si los empresarios quieren hacer efectiva la república catalana, si están de acuerdo en avanzar hacia la soberanía fiscal o si el Rey debe ser persona ‘non grata’ por “haber presionado a las empresas a trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña”. Grandes corporaciones catalanas financiadoras del tinglado con aportaciones no pequeñas aseguran en privado que saldrán de puntillas de la institución a medio plazo. Pero nada de levantar la voz. Mejor coordinar una ‘operación salida’ cuando pase el ruido mediático. Los primeros 75.000 euros de la cuota ya están abonados. Mejor no desperdiciarlos.

Tradicionalmente, antes de la ruptura independentista escenificada el 1 de octubre pese a la prohibición del Tribunal Constitucional, el discurso del directivo catalán con negocios en Madrid enlazaba con esa equidistancia que aún se sigue observando. Por ejemplo, era común escuchar incluso a consejeros delegados de grandes multinacionales -siempre 'off the record'- advertir del choque de trenes que se avecinaba, de la falta de sensibilidad de Madrid para reconocer y cubrir el déficit en infraestructuras que arrastraba Cataluña o incluso alertar de la falta de presencia del Gobierno nacional en territorio catalán. “No se justifica ninguna quiebra de la legalidad”, arrancaban para cubrirse. “Pero se ha llegado a un nivel de desafección que obliga a reflexionar”, remataban, quién sabe si por miedo, si para quedar bien con una parte de la sociedad que compraba sus productos... o por albergar un punto nacionalista.

Preguntados por el mutismo de la clase empresarial catalana, la respuesta siempre era la misma, repetida en casi infinitas ocasiones. “Es que un empresario no debe posicionarse políticamente, es algo que no se le puede pedir a alguien que tiene que sacar adelante una compañía”, se manifestaba como colofón antes de coger el AVE, evitando referir la dependencia del BOE de sus corporaciones. Un argumento que, vaya de paso, también debería servir para no inmiscuirse en decisiones judiciales, aunque sea a distancia, y mucho menos para victimizarse cuando conviene. Dicho de otro modo, en la España donde los negocios se cierran en una mesa camilla es mejor no abrir la boca, más allá de los reservados madrileños de la calle Jorge Juan. Entretanto, mientras unos miraban para otro lado y la alta política -clave para abordar un asunto de tamaña complejidad- brillaba por su ausencia, las fuerzas vivas del independentismo avanzaban, alentaban a los suyos y tomaban la plaza.

Y es que los tiempos han cambiado. El discurso del nacionalismo moderado, conciliador con España, que siguen empeñados en muñir personajes con mil aristas, no sirve ya en una sociedad catalana radicalizada y donde la confrontación es el pan nuestro. La justicia debe hacer su trabajo de manera independiente, sin interferencias políticas. Eso es precisamente lo que ha percibido que va a pasar la ciudadanía, que ha ponderado la actuación del juez Marchena en un juicio ya visto para sentencia. Según la encuesta de Metroscopia publicada por La Información, casi un 60% de los ciudadanos alababan cómo el jurista ha llevado el procedimiento, mientras que solo un 19% censura su actuación.

En esa fiesta de la ambigüedad, a veces, las personas dicen realmente lo que quieren decir. “Me gustaría la financiación de la Cámara de Lyon, que dispone de 80 millones de euros y donde la afiliación es obligatoria -aseguraba para buen entendedor esta semana en una entrevista con ‘La Vanguardia’ el propio Canadell, ya presidente de la Cámara-. No podemos imponer este modelo y lo que propongo es hacer una consulta al empresariado para ver si esta dispuesto a asumir algo parecido al recurso cameral a cambio de más servicios”. Esto es, preguntaremos a los ‘blue chips patrios’ si quieren pasar por caja de verdad, en una institución que apuesta claramente por la República. A partir de ahí, ¿están seguros Caixa, Naturgy, Sabadell, Agbar, Indra, Deloitte o el RACC, por citar algunos, de que podrán salir de ese embrollo de puntillas, sin retratarse? El juego de las medias verdades ha terminado en el ‘caso catalán’. La única pregunta es si sales del armario o te sacan. Se acabó la música en el eterno baile de máscaras.