La Fiscalía ha abierto una nueva investigación en el sector eléctrico. Esta vez, a cuenta del plan de sustitución de contadores analógicos por digitales. La decisión de la Fiscalía ha provocado un estremecimiento en el sector. Es cierto que otras investigaciones similares -precios en 2017- han acabado en el limbo. Pero el tema es delicado. Afecta a una operación que comenzó hace más de diez años, en la que las empresas han invertido más de 2.500 millones y de la que esperan obtener ahorros e ingresos que, en el mínimo de los supuestos -para una duración de los aparatos de sólo 15 años- rondan los 4.000 millones.
En el sector eléctrico casi todo es complejo. También desentrañar las cuentas de la operación contador. Entre las cinco grandes distribuidoras de electricidad, Iberdrola encabeza la inversión con 1.320 millones, a 120 euros por cada uno de los 11 millones de puntos de suministro. Le sigue Endesa, con 1.000 millones y a mucha distancia, EDP y Viesgo, con 60 millones y 100 millones respectivamente. Naturgy no concreta las cifras. Tampoco la asociación que agrupa a las eléctricas Aelec, la antigua Unesa. Asegura que no dispone de datos sobre la inversión global realizada por sus asociadas.
Pero que no sea fácil llegar a los números concretos, no significa que sea imposible reconstruir la dimensión del negocio. A falta de conocer las cifras de Naturgy (17% del mercado), es seguro que la inversión global supera los 2.500 millones de euros. No es sólo un desembolso en la compra de aparatos, sino en toda la infraestructura que lleva la recogida de datos y el acople en la red. Todo para facilitar la lectura del consumo por tramos de horarios y sin necesidad de que un operador de la compañía se desplace al domicilio. Es un ahorro de costes para las empresas y, teóricamente, una mayor facilidad para que el usuario controle su consumo.
Comprar o alquilar
Con inversiones de más de 2.500 millones, las compañías esperan un retorno interesante. ¿De cuánto? Tampoco hay estimaciones concretas. Pero a partir de la información existente se pueden hacer cálculos. Los usuarios pueden elegir entre pagar 100 euros por un nuevo contador en propiedad -y ocuparse de su mantenimiento- o por alquilarlo a la compañía distribuidora. La mayoría alquila. El precio del alquiler para el más contador más común -hasta 15 kW, el tipo 5- es de 0,81 euros/ mes. Son 30 céntimos más de lo que el usuario pagaba por el contador analógico.
A partir de ese precio mínimo de 0,81 euros/mes -los aparatos para más potencia tienen alquileres más altos- se puede calcular el negocio de las compañías. La cuenta es sencilla: 0,81 euros/mes, multiplicados por 12 meses y 27 millones de aparatos son 272 millones de euros al año. Según la asociación Alec, la vida estimada de los nuevos contadores inteligentes es de 15 años. Así que la cuenta final de ingresos por los nuevos aparatos ronda los 4.000 millones. Con un detalle más: las eléctricas mantuvieron los antiguos contadores analógicos hasta 20 y 30 años en muchos casos.
Sobre este apartado del negocio eléctrico ha puesto la lupa la Fiscalía. La iniciativa que ha llevado a la apertura de una investigación y la designación de un fiscal para el caso partió de la Plataforma Quiero Auditoría Energética (QAE). Pero sobre los contadores -los viejos y los nuevos- ha habido antes quejas de asociaciones de consumidores y de particulares como Antonio Moreno Alfaro, un ingeniero retirado que lleva décadas denunciando manejos en el negocio de los aparatos de medida.
Un éxito logístico
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado por cerrado el proceso de sustitución de contadores. Lo considera un éxito logístico, aunque solicita cambios normativos. Pide, en concreto, que se flexibilice y se eliminen restricciones que limitan los derechos de los consumidores frente a las nuevas posibilidades que ofrece esta tecnología. También destaca que el consumidor está pagando más y, en esa línea, advierte de que a los consumidores con contadores “inteligentes” que todavía no están integrados en red se les debería cobrar menos.
La denuncia ante la Fiscalía va más allá. Según la plataforma QAE, las eléctricas han cambiado los aparatos sin informar adecuadamente a los clientes, excediéndose sobre lo dispuesto en la normativa comunitaria y cuando todavía no se ha incorporado a la legislación nacional la Directiva de Eficiencia Energética.
La denuncia hace hincapié en que la legislación comunitaria (Directiva 2012/27/UE) establece que los contadores, además de tener un precio competitivo, deben reflejar exactamente el consumo real de energía del cliente final y proporcionar información sobre el tiempo real de uso. Añaden que las empresas no se ajustan a las normas comunitarias porque "instalan los nuevos contadores sin ningún tipo de información al cliente". En algunos casos, añaden, lo hacen en horario nocturno y amenazando con cortes en el suministro si el usuario se opone al cambio.
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