Cuando Manuela Carmena fue investida en 2015 como alcaldesa de Madrid las arcas municipales de la capital de España arrastraban un lastre de 5.936 millones de euros en forma de deuda y estaban bajo la supervisión permanente del Ministerio de Hacienda. La persona que tome las riendas del Ayuntamiento de Madrid este sábado se encontrará con una deuda de menos de la mitad de aquella cifra, 2.661 millones de euros; más de 1.000 millones de excedente presupuestario, y un margen de actuación financiero y administrativo -Hacienda dio por cerrado hace menos de un mes su Plan de Reequilibrio Económico-Financiero- del que el equipo económico de la hasta este sábado alcaldesa en funciones no ha dispuesto en los últimos cuatro años.
El de Madrid no ha sido un caso aislado. El subsector de las Corporaciones Locales ha conseguido en este periodo reducir su endeudamiento en más de un 20% -de los 29.024 millones de euros de 2015 a menos de 23.000 millones en 2018- y todo ello acreditando año tras año excedentes presupuestarios superiores al 0,5% del PIB, que han permitido adecentar la foto general de las Administraciones Públicas españolas ante Bruselas.
Los ayuntamientos son a día de hoy las administraciones públicas que presentan las cuentas más saneadas y probablemente el ámbito donde se pueden ejecutar políticas con mayor libertad o, al menos, con menores restricciones presupuestarias. Los alcaldes que tomen posesión este sábado, cuya identidad y filiación política pende en muchos casos de acuerdos de última hora, tendrán en sus manos un poderoso instrumento de transformación y lo que es más importante los medios económicos necesarios para abordarla: alrededor de 50.000 millones de euros de 'potencia de fuego' para financiar las políticas que quieran activar.
La tendencia se percibe de forma clara en los datos de ejecución presupuestaria que regularmente publica el Ministerio de Hacienda y que muestran, por ejemplo, un mayor dinamismo en el gasto de los ayuntamientos en 2018 frente a la contención del cuatrienio anterior (ver gráfico). De fondo, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de flexibilizar al poco de entrar en Moncloa -a instancias de sus socios de Podemos- las condiciones para que los ayuntamientos en superávit pudieran realizar lo que se denominan como inversiones financieramente sostenibles, que no son otra cosa que un 'canal autorizado' para gastar por encima de lo que permitiría la regla de gasto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Bajo este nuevo marco, los ayuntamientos gastaron en 2018 hasta 2.500 millones de euros más...
Poco a poco, las corporaciones locales se van sacudiendo de las ataduras de las leyes de estabilidad presupuestaria. En algunos casos, como el del Ayuntamiento de Madrid, porque su buen desempeño les ha permitido salir del perímetro de control reforzado del Ministerio de Hacienda; en otros porque la presión de la Federación Española de Municipios y de los grandes ayuntamientos ha servido para que el Gobierno afloje un tanto los arneses que impedían a los alcaldes emplear sus recurrentes superávit presupuestarios.
Flexibilizar la regla de gasto, en el punto de mira
El objetivo del poder municipal en los próximos meses, si por tal entendemos los consensos alcanzados en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, es revisar la regla de gasto, que durante los últimos años ha actuado de infranqueable muro de contención para impedir que los ayuntamientos se gasten todo el excedente que han generado por el buen momento de la economía o por su buena gestión. El reverso oscuro de este instrumento de control de política presupuestaria es que, según los alcaldes más afectados, liquida cualquier incentivo para gestionar mejor, ya que restringe la posibilidad de emplear los rendimientos obtenidos por esa buena gestión.
La ralentización de la economía y la llegada al poder de un Ejecutivo socialista -tradicionalmente más inclinado a aceptar el poder curativo del gasto público- han aproximado la posibilidad de modificar -que no eliminar- la regla de gasto para dar un mayor margen de maniobra a los ayuntamientos con sus cuentas saneadas y dar de paso un estímulo adicional a una economía en fase de desaceleración.
Según los datos oficiales de cierre del ejercicio presupuestario de 2018 proporcionados por el Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes de los ayuntamientos españoles superaron en 10.000 millones a sus gastos corrientes y si ese margen se convirtió finalmente en un superávit presupuestario de algo más de 6.200 millones de euros es porque los ayuntamientos decidieron incrementar de forma decidida sus inversiones y sus transferencias a los agentes económicos.
La Autoridad Fiscal ya ha advertido que flexibilizar la regla de gasto puede tener también efectos perniciosos. Según sus cálculos, dar un mayor margen de maniobra a los ayuntamientos para gastar puede reducir el superávit actual de cinco décimas hasta casi hacerlo desaparecer (entre dos y cuatro décimas).
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